(Publicado en La Voz del Sur el 26 septiembre 2019)
Esta semana, el viernes 27 de septiembre, el mundo globalizado se enfrenta a una jornada histórica, la que representa la convocatoria de huelga a nivel mundial por el clima.
¿Huelga por el clima?
He vivido en mis 53 años huelgas por la mejora salarial, mejoras en los horarios laborales, por las condiciones de seguridad en el puesto de trabajo, por el mantenimiento del empleo, para mejorar la salud de las trabajadoras en sus centros, impulsadas por un sector o sindicato en concreto o mejoras impulsadas por todos, pero, ¿por el clima?
Informes científicos nos alertan de las graves consecuencias del cambio climático en nuestras vidas, presentes y futuras.
Temporales cada vez más virulentos y con una periodicidad mayor, incendios extremos avivados por velocidades cada vez mayores del régimen de vientos, sequedad desértica en muchas zonas, incluida nuestra Andalucía, olas de calor que matan personas, subida del nivel del mar que inunda ciudades y comarcas enteras, cual Atlántidas del presente.
Informes económicos nos alertan de la pérdida de empleos por estas causas, agricultores y ganaderos arruinados, cosechas enteras perdidas, propiedades privadas y públicas engullidas por los océanos, bajadas masivas en el PIB, enormes gastos públicos para contrarrestar sus efectos, aún mayores si ponemos en marcha la maquinaria y herramientas demasiado tarde.
E informes sociales nos hablan de los enormes flujos migratorios desde las zonas costeras hacia el interior, la lucha por el vital recurso del agua entre las personas y las guerras por ella entre los estados, pérdida de vidas ante temperaturas más altas e incapacidad de protegernos ante enfermedades ahora circunscritas a ciertas regiones del planeta, que se globalizarán.
Todos estos informes provienen de instituciones que poco pueden ser acusadas de ecologistas radicales, el panel intergubernamental para el cambio climático de la ONU, la más alta institución mundial para los refugiados ACNUR, además de numerosas universidades americanas y europeas que envían periódicamente sus estudios a los gobiernos de ambos lados del Atlántico.
Llegados aquí, si estamos o no viviendo una emergencia climática es decisión del lector, lo que es evidente es que debemos ser responsables, y aconsejados por todos estos informes, actuar de manera inmediata para protegernos a nosotras mismas, aunque se puedan tener dudas razonables.
¿Quién, cuando se le detecta una posible enfermedad grave, entiende que el informe médico es erróneo y hace caso omiso?
¿Acaso si te informan que el piso de arriba del edificio en el que vives está en llamas, te vas a dormir a tu cama?
Actuar con responsabilidad y de manera urgente, además implica mejorar la vida de las personas, porque una de las primeras medidas a adoptar sería aprovechar nuestros recursos energéticos, limpios, baratos y renovables, en una transición energética, que apueste por la eficiencia para bajar la demanda de consumo, cerrando las centrales de carbón en 2025, continuar el cierre de las nucleares hasta 2030, año en que la producción debería ser 100% renovable, distribuida en manos de cientos de miles de personas que autoconsuman su propia energía, y comercializada por los municipios además de por las empresas. Todo ello tendría un millonario impacto favorable, ¿se imaginan si dejamos de tener que gastar la mayor parte de los 50.000 millones de euros públicos en importaciones de gas y petróleo cada año? Recursos económicos suficientes para financiar esta transición. Por no hablar de la mejora de nuestra salud al evitar los impactos contaminantes del fuel, carbón, y gas, en el aire que respiramos, la tierra que nos alimenta y el agua que bebemos.
Así mismo el modelo de transporte merece una revolución en línea con la mejora de la salud y el clima, apostando por la reducción del coche con combustible fósil, aumentando los esfuerzos por mejorar frecuencia de paso y abaratar el transporte público, subvencionar el coche eléctrico compartido, fomentar con premios en el salario el uso de bicicleta y a pie para ir al puesto de trabajo, regular de urgencia el uso de Vehículos de Movilidad Personal, aumentar los trenes de cercanía, y volver a impulsar el tren regional en detrimento de la alta velocidad, cara e inamortizable.
Sin duda el modelo agropecuario también debe iniciar una transición, porque somos lo que comemos, y actualmente la Política Agraria Común no defiende el clima, ni a los agricultores o ganaderos, ni defiende una gestión del territorio sostenible, ni cuida de nuestra salud. Apoyar a pequeños agricultores ecológicos, ganadería extensiva y acuicultura, que mejore la calidad de nuestros suelos, la gestión del territorio, la salud de las personas, y reduzca las emisiones, en base a aumentar el consumo local y de productos de temporada, añadiendo valor a los productos, comarcalizando industrias de transformación de alimentos, envasadoras, conserveras, que actualmente brillan por su ausencia en Andalucía, a pesar de nuestra enorme producción agraria, ganadera y pesquera.
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