(Publicado en La Voz del Sur el 16 enero 2020)
Doñana, ese enclave incomparable,
con casi 123000 ha de extensión que conforman la suma del Parque Nacional y el
Parque Natural, Patrimonio de la Humanidad desde 1994, en total 255000 ha
denominadas reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2012, que incluyen zona de
transición entre parque y términos municipales de la comarca de Doñana.
Todas las protecciones medio
ambientales posibles obran a su favor y aún así, son continuas las amenazas que
se ciernen sobre dicho paraje.
Ya no es sólo la amenaza
climática futura en dicho entorno, como consecuencia del Cambio Climático, sino
que es en el presente donde observamos que el ecosistema se está alterando por
la suma de elementos en contra: un nivel de lluvias cada vez más escaso, la subida
de temperaturas y del nivel del océano Atlántico que aumenta la salinización de
sus aguas, poniendo en peligro a muchas especies de animales y flora, que no
podrán adaptarse.
Esta suma de factores influyó
sin duda en los incendios sufridos en 2017, junto al triple 30: más de 30
grados de temperatura, menos de 30% de humedad y vientos superiores a los 30
km/h.
Y peor aún, la acción humana
está degradando el entorno natural, a través de la sobreexplotación de los
acuíferos, tanto por la agricultura intensiva como por la demanda de complejos
residenciales cercanos.
Si el anterior gobierno andaluz
del PSOE miró para otro lado en muchas cuestiones que atañen a la salud
ambiental del Parque Nacional, e incluso desde el gobierno central se aprobó la
construcción de un depósito de almacenamiento de gas en su subsuelo , el nuevo
gobierno andaluz, el “tripartito” PP, Ciudadanos, junto al apoyo de Vox, nos
dejaron en septiembre pasado el anuncio sobre la construcción de la autovía
Cádiz-Huelva, que pasando por Doñana, estará incluida en el Plan de
Infraestructuras del Transporte y la Movilidad.
Pero no todo son malas
noticias, volviendo al asunto del gas, el martes 14 de enero el Tribunal
Superior de Justicia Andaluz desestimó el recurso de la promotora energética
Petroleum Oil & Gas contra la resolución de la Dirección General de
Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía que, el 8 de enero de 2016, denegó la Autorización Ambiental
Unificada (AAU) al proyecto conjunto 'Marismas Oriental'.
Haciendo un poco de memoria
política, en septiembre de 2018, el eurodiputado de EQUO en el grupo
Verdes/ALE, Florent Marcellesi, visitó Doñana como miembro de la delegación
oficial del Parlamento Europeo para analizar su situación y examinar el
cumplimiento de la legislación europea.
En aquel momento Florent
Marcellesi ya dejaba clara su postura en estas declaraciones:
“lo que amenaza
Doñana es un modelo energético sucio y obsoleto, así como la agricultura
intensiva desregulada. Además de peligroso, el proyecto gasístico es sobre todo
innecesario y contrario a la transición hacia energías renovables, para lo que
Andalucía tiene un enorme potencial. Por su parte, el desarrollo de
monocultivos está provocando explotación laboral y de los acuíferos.”
Posteriormente el Parlamento
Europeo en marzo de 2019, con el informe de la visita de los eurodiputados,
realizó una recomendación a las autoridades españolas para que detuvieran el
proyecto gasístico desarrollado en el entorno del Parque Nacional de Doñana, y
aprobaron recomendar que se suspendiesen todos los permisos concedidos hasta
aclarar las irregularidades detectadas en la evaluación de impacto ambiental,
así como iniciar las acciones legales necesarias para terminar con todo el
Proyecto Marismas desarrollado por Gas Natural, cosa que ahora se produce tras
la sentencia del TSJA.
Esa debe ser la línea a seguir
y no continuar con las numerosas amenazas que pueden desembocar en la
desaparición de un entorno privilegiado.
No somos herederos de la Tierra
que nos dejaron nuestros padres, la tomamos prestada de nuestros hijos.
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